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Ley de Inclusión Escolar: por un país con mayor integridad social

24 de julio de 2017

A poco más de un año de la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión, importante reforma que permite un acceso a la educación más igualitario y justo a todos los estudiantes de nuestro país, cabe recordar los principales puntos que sustentan su implementación y aquellos que contestan algunas dudas que ha generado su puesta en marcha.

La Ley de Inclusión no ha estado exenta de mitos que generan dudas y confusión. Por ejemplo el posible cierre de colegios y la prohibición a las familias de aportar en la educación de sus hijos, algo lejos de la realidad pues de lo que se trata esta normativa es justamente permitir a los padres la posibilidad de aportar voluntariamente en el desarrollo del proyecto educativo y las actividades extracurriculares.

“La Ley de Inclusión busca eliminar las barreras para que las familias con menores recursos económicos puedan elegir la escuela para sus hijos”, afirmó el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad Carlos Henríquez, además de señalar que el éxito de la normativa implica también “simplificar los procesos para que las escuelas municipales y subvencionadas puedan desplegar el propósito mayor, que es impactar en calidad”.

Conoce a continuación,  los diez principales puntos de la Ley de Inclusión:

Entre 2016 y 2018 más de 730 mil estudiantes, cuyas familias hoy pagan parte de la mensualidad en los colegios, podrán pasar a educación gratuita. Para el 2018, el 93 % de los estudiantes de Chile estudiará en colegios sin copago.

 

Desde el año pasado, los establecimientos que optan por la gratuidad comenzaron a recibir dos nuevos fondos: el Aporte de Gratuidad (5 mil pesos el primer año) y la SEP Ampliada, para estudiantes de clase media (14 mil pesos). Además, habrá un incremento del 20 % a la SEP (de 30 a 36 mil pesos). El Estado llegará a invertir alrededor de 145 mil pesos por cada niño y niña, duplicando los recursos con que cuentan hoy más del 50 % de los estudiantes.

 

Desde el año pasado los colegios comenzaron a dejar de seleccionar a sus estudiantes. Todos los niños y niñas pueden postular a establecimientos que reciban aportes del Estado, sin ser discriminados arbitrariamente y sin que les soliciten pruebas o antecedentes económicos.

 

Cuando los colegios elegidos por las familias cuenten con igual número de postulantes y vacantes, todos los estudiantes podrán ingresar automáticamente. De no haber cupos suficientes, los establecimientos deberán usar un sistema de selección aleatorio que asegure que no habrá discriminación arbitraria.

 

La Ley permite el desarrollo de proyectos educativos asociados a la expresión artística, el deporte o la alta exigencia académica. En estos casos, previa acreditación ante el Ministerio y el Consejo Nacional de Educación, se permitirá la admisión por un proceso especial de hasta el 30 % de la matrícula del establecimiento.

 

Los actuales proyectos educativos se mantienen y deben desarrollar programas de mejoramiento de la calidad, y si hay un proyecto educativo nuevo, este puede recibir subvenciones aun cuando haya suficientes establecimientos en el territorio.

 

Desde el 1 de marzo de 2016 todos los recursos que aporta el Estado solo se pueden utilizar con fines educativos, y no se podrán retirar utilidades de los establecimientos con cargo a recursos públicos. Las escuelas gratuitas solo podrán destinar recursos a fines educativos. Para 2018 todos los colegios que reciban aportes o subvenciones del Estado deberán estar organizados como entidades sin fines de lucro. Esto significa que todos los recursos destinados a la educación, sean aportados por los padres o por el Estado, deberán ser usados solo en fines educativos.

 

Al postular a sus hijos, los padres deberán adherir a los proyectos educativos de los establecimientos, y el sistema de admisión procurará que todos los miembros de una familia estén en un mismo establecimiento, fortaleciendo así la idea de una comunidad escolar.

 

La Ley impide la cancelación de matrícula por rendimiento (los y las estudiantes tienen la oportunidad de repetir un curso en la educación básica y otro curso en la educación media). Además, no se podrán efectuar expulsiones en medio de un año escolar, exceptuando faltas graves que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad escolar.

 

El nuevo sistema comenzó a implementarse desde 2016 de manera gradual, con el fin de garantizar un tránsito ordenado hacia una nueva estructura de la educación chilena.